Acusan a dirigente de MC en Nuevo León de intermediar presunto pago de 50 millones para operar pedrera

Monterrey, Nuevo León.— La empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) denunció presuntos actos de extorsión por un monto cercano a los 50 millones de pesos, luego de señalar que el dirigente estatal de Baltazar Martínez Ríos, de Movimiento Ciudadano, habría intervenido como intermediario en una negociación para permitir la operación de una pedrera ubicada en el municipio de Cerralvo.

De acuerdo con la compañía, las autoridades estatales habrían condicionado la continuidad de operaciones de la planta a la realización de un “pago fuerte”, tras una serie de auditorías, inspecciones y clausuras realizadas por dependencias estatales.

Señalamientos por presunto pago para destrabar clausuras

Según la versión difundida por la empresa, el monto solicitado rondaría los 50 millones de pesos, incluso con la posibilidad de cubrirlo en parcialidades.

La compañía sostiene que las auditorías y procedimientos administrativos en su contra ya estaban “construidos” y que, aunque fueron atendidos, no estaban formalmente concluidos, lo que habría generado presión para negociar una salida.

En los señalamientos también se menciona la participación de funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente estatal y del área de Fiscalización del SAT Nuevo León.

Hasta el momento, las acusaciones no han sido confirmadas por autoridades judiciales y no existe resolución que acredite la comisión de algún delito.

Disputa legal por el “Impuesto Verde” en Nuevo León

Matrimar mantiene desde 2025 una controversia legal con el Gobierno de Nuevo León por el denominado “Impuesto Verde”.

La empresa asegura que, tras negarse al presunto pago, fue objeto de múltiples inspecciones y clausuras por parte de dependencias como Medio Ambiente y Protección Civil.

El pasado 10 de febrero, la compañía obtuvo un amparo contra medidas impuestas en noviembre que mantenían cerrada la planta. Sin embargo, horas después, elementos de Protección Civil realizaron una nueva clausura durante la madrugada.

Posteriormente, la empresa informó haber conseguido otro amparo contra esa última acción.

Empresa acusa presión indebida

En un comunicado, Matrimar afirmó que las resoluciones judiciales evidencian “acciones improcedentes y carentes de sustento legal” por parte del Gobierno estatal.

“La resolución judicial confirma el modus operandi de un Gobierno más preocupado por ganancias personales que por la prosperidad de comunidades enteras”, señaló la compañía.

Hasta ahora, el Gobierno de Nuevo León no ha emitido un posicionamiento público respecto a los señalamientos.