Avanza "Plan B" en San Lázaro: Comisiones aprueban tope salarial en el INE y reducción de regidurías
- Redacción Ala Crítica
- hace 5 días
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Ciudad de México | 7 de abril de 2026. — En una jornada marcada por intensos debates sobre el federalismo y la austeridad, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron, con 60 votos a favor y 13 en contra, el dictamen a la minuta del "Plan B" de la reforma electoral.
El documento, que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política, fue remitido a la Mesa Directiva para su programación legislativa en el Pleno. La reforma busca reconfigurar la integración de ayuntamientos, limitar el gasto de los congresos estatales y armonizar las remuneraciones de los consejeros del INE bajo el principio de que ningún funcionario gane más que la Presidenta de la República.
Ejes Centrales: Austeridad y Paridad
La reforma establece cambios estructurales en la administración pública local y electoral. Entre los puntos más destacados se encuentran:
Tope de Regidurías: Los ayuntamientos se integrarán por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, bajo estrictos principios de paridad de género vertical y horizontal.
Límite a Congresos Locales: El presupuesto anual de las legislaturas estatales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad.
Control de Remuneraciones: Se prohíbe que consejeros del INE, magistrados y titulares de OPLES perciban un salario mayor al establecido en el artículo 127 constitucional. Además, se eliminan seguros de gastos médicos privados, cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro discrecionales.
“Estas adecuaciones permitirán generar ahorros por más de cuatro mil millones de pesos que serán destinados a infraestructura municipal y al bienestar de la población; pasamos de un modelo de privilegios a uno de responsabilidad pública”, afirmó la diputada María del Carmen Bautista Peláez (Morena).
Debate en San Lázaro: ¿Reforma Electoral o Administrativa?
La oposición manifestó duras críticas, calificando la iniciativa como una "adecuación administrativa" que vulnera la autonomía de los estados.
La diputada Claudia Ruiz Massieu (MC) sostuvo que la propuesta es "acotada, mínima e innecesaria", además de señalar errores en su construcción:
“Es una propuesta más administrativa que electoral que vulnera el federalismo y el régimen municipal”.
Por su parte, el bloque opositor del PAN y PRI lamentó que no se abordaran temas de seguridad. El diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) sentenció:
“Con este Plan B no se toca lo más sensible: el pacto con el crimen organizado. Los ahorros que se plantean son mínimos”.
En contraste, el Partido del Trabajo (PT) defendió el dictamen como un acto de justicia social. La legisladora Lilia Aguilar Gil subrayó que “la austeridad debe aplicarse a todos en el servicio público”, mientras que Irma Yordana Garay (PT) aseguró que los recursos liberados atenderán necesidades de infancias y mujeres.
Transición y Destino de los Ahorros
El dictamen estipula un calendario de armonización jurídica que vence el 30 de mayo de 2026. Un punto clave es el destino de los excedentes: los ahorros derivados de la reducción de regidores y presupuestos legislativos quedarán en la hacienda pública de cada municipio, destinados obligatoriamente a infraestructura pública.
Finalmente, el Senado de la República también deberá ajustar su presupuesto de manera progresiva durante los próximos cuatro ejercicios fiscales, asegurando, según el texto aprobado, que no se afecten los derechos laborales de los trabajadores.
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