Adiós a las 48 horas: Pedro Haces presenta en San Lázaro el dictamen de la nueva jornada laboral mexicana

El diputado tlalpense Pedro Haces fundamenta el dictamen al artículo 123 constitucional

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero de 2026.– En una jornada que promete redefinir el contrato social de la era moderna en el país, el Pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen de reforma constitucional que busca reducir la semana laboral de 48 a 40 horas.

Esta iniciativa, que representa la actualización más significativa al Artículo 123 de la Constitución desde 1917, plantea una transición de cuatro años para alcanzar su plena vigencia en 2030.

El diputado federal Pedro Haces Barba, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y Coordinador de Operación Política de Morena, fue el encargado de fundamentar la minuta ante la tribuna.

En su intervención, Haces Barba subrayó que México se encuentra en un punto de inflexión donde la modernización legislativa debe encontrarse con la justicia social.

“Durante más de cien años, el mundo ha cambiado, la tecnología ha avanzado, pero ese progreso no siempre se ha traducido en bienestar para quienes hacen posible la riqueza de este país”, sentenció.

Una deuda histórica con la productividad

El diagnóstico presentado por la Comisión es contundente. Actualmente, México registra alrededor de 2,200 horas trabajadas al año, una cifra que supera con creces el promedio de la OCDE (mil 750 horas).

Sin embargo, esta sobrecarga de tiempo no ha derivado en una mayor eficiencia; al contrario, la productividad por hora en el país se mantiene rezagada.

La reforma propone modificar las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123, estableciendo un límite constitucional explícito de 40 horas semanales y garantizando el descanso con goce íntegro de salario. Además, se introduce la prohibición estricta de horas extraordinarias para menores de 18 años y una reorganización del trabajo extraordinario bajo estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La clave: Una transición gradual (2027-2030)

Para evitar un choque económico que pudiera poner en riesgo la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) —que sostienen gran parte del empleo nacional—, Morena y sus aliados han propuesto una ruta de gradualidad.

El esquema de implementación comenzará en 2027 y se extenderá hasta el 2030, reduciendo la jornada a razón de dos horas por año.

Este calendario permitiría a los empleadores reorganizar sus procesos productivos, invertir en capacitación y ajustar sus estructuras de costos sin recurrir a despidos masivos.

Según el diputado Haces Barba, el régimen transitorio garantiza por ley que la reducción de tiempo no podrá traducirse en una disminución de salarios o prestaciones actuales.

Oposición dividida: Un voto a favor con matices

A pesar del avance, la sesión no estuvo exenta de fricciones. Los legisladores de las bancadas de MC, PAN y PRI manifestaron su descontento debido a que el texto final no incluyó de manera explícita la obligatoriedad de los "dos días de descanso" fijos en la redacción constitucional, prefiriendo el concepto de límites de horas.

No obstante, la oposición adelantó que emitirá un voto a favor. El argumento central de los bloques opositores es que, ante la crisis de agotamiento laboral que vive el país, "es mejor contar con una reforma gradual a no tener nada".

Los legisladores de estas bancadas señalaron que vigilarán de cerca que la gradualidad no se convierta en una excusa para la evasión de derechos por parte de las grandes corporaciones.

Un nuevo constitucionalismo laboral

Con esta medida, México busca alinearse con las tendencias globales de bienestar. El dictamen enfatiza que la reducción de la jornada no es un tema ideológico, sino una decisión de Estado que equilibra la dignidad humana con la estabilidad económica.

La sesión en San Lázaro continúa bajo la mirada de sindicatos y organismos empresariales.

De aprobarse, la minuta pasará a los Congresos estatales, al tratarse de una reforma constitucional, consolidando un paso estructural hacia un modelo laboral que, en palabras de Haces Barba, aspira a ser "más eficiente, competitivo y, sobre todo, socialmente responsable".