Claudia Rivera lleva al DIF Nacional propuesta para frenar abusos contra adultos mayores

Claudia Rivera Impulsa Procuraduría en DIF para Proteger Patrimonio de Adultos Mayores

Ciudad de México, 20 de enero de 2026.- La diputada federal poblana Claudia Rivera Vivanco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, ha dado un paso decisivo hacia la transformación de la asistencia social en una auténtica defensoría de derechos humanos.

Ante la dirección general del DIF Nacional, Rivera Vivanco presentó una propuesta estratégica para la creación de la Procuraduría para la Protección y Defensa del Adulto Mayor.

En el marco de una reunión de trabajo, coordinada y encabezada por la vicecoordinadora Gabriela Jiménez con la titular del organismo, Rocío García Pérez, la legisladora Rivera Vivanco destacó que el DIF, al ser un organismo público descentralizado, posee la facultad idónea para proponer y operar estas procuradurías, las cuales son de urgente necesidad en todo el país.

Esta iniciativa, que la morenista ya había impulsado previamente a nivel estatal en Puebla, busca ahora escalar al plano federal. Su objetivo principal es frenar el alarmante incremento en casos de violencia patrimonial, despojo de bienes y robo de pensiones que sufren las personas de la tercera edad.

Estas situaciones han sido una preocupación constante en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que refuerza la pertinencia de la propuesta.

La propuesta de la legisladora poblana no se limita a la gestión de apoyos o programas asistenciales. Por el contrario, busca establecer una figura legal y social con "dientes", es decir, con capacidad de acción y decisión, que actúe como protectora y consejera especializada. De esta manera, se pretende garantizar que el derecho constitucional a la pensión sea una herramienta de verdadera autonomía para los adultos mayores y no un blanco de abusos.

Con esta visión, la legisladora busca encabezar una ruta legislativa y administrativa que pretende armonizar el trabajo de los DIF municipales y estatales con la federación. El fin último es asegurar que el Estado mexicano cuente con una institución robusta dedicada exclusivamente a vigilar la integridad, la dignidad y la seguridad jurídica de los adultos mayores, brindándoles un blindaje patrimonial efectivo y una defensa integral de sus derechos.