Advierte Ivonne Ortega que el sargazo se duplica y México sigue sin política pública; UNAM alerta sobre 40 millones de toneladas en el Atlántico

Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, durante la presentación de la iniciativa de política nacional para el manejo del sargazo

Ciudad de México, 3 de junio de 2026.- Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados federal, presentó una iniciativa para obligar a la Federación a asumir un papel rector ante la creciente acumulación de la macroalga en costas nacionales.

El sargazo avanza sin freno y México responde sin rumbo fijo. Mientras que en 2018 se registró el mayor pico histórico conocido, con entre 20 y 22 millones de toneladas métricas de esta macroalga pelágica en el Atlántico tropical, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estiman que para 2026 el volumen podría alcanzar entre 37.5 y 40 millones de toneladas, prácticamente el doble. De ese total, alrededor de 100 mil toneladas impactarán directamente las costas mexicanas.

Lejos de ser atendida con una estrategia integral, la crisis del sargazo en el Caribe ha expuesto con nitidez la magnitud de los vacíos normativos, la descoordinación institucional y la respuesta esencialmente reactiva de las autoridades mexicanas frente a un fenómeno que se agrava año con año.

Una iniciativa legislativa como respuesta al vacío institucional

Ante este escenario, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados federal, Ivonne Ortega Pacheco, presentó una iniciativa para obligar a la Federación a asumir su responsabilidad a través de la creación de una política nacional de atención integral del alga marina pelágica. La propuesta contempla acciones preventivas, correctivas y de adaptación frente a los fenómenos de acumulación masiva de sargazo.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la clasificación del sargazo como residuo de manejo especial cuando represente riesgos ambientales o sanitarios, cerrando así uno de los principales vacíos legales que hoy impiden su tratamiento adecuado en los municipios costeros.

Del problema a la oportunidad: biomasa, biocombustibles y nuevas industrias

La propuesta también plantea el establecimiento de programas de manejo integral de biomasa de sargazo que permitan transformar esta amenaza ambiental en una oportunidad económica y de desarrollo sostenible. Entre las alternativas identificadas se encuentran la producción de biocombustibles, fertilizantes orgánicos y materiales industriales como el alginato, un polisacárido de alto valor en sectores como la alimentación, la farmacéutica y los biomateriales.

En la exposición de motivos de la iniciativa se advierte que desde 2011 se ha registrado un incremento atípico del sargazo en la región, con un crecimiento sostenido a partir de 2014, particularmente en Quintana Roo, sin que a la fecha exista una política pública robusta, articulada y con visión de largo plazo por parte del Estado mexicano.

"Es momento de que la Federación deje de reaccionar"

"Lo que hoy enfrentamos no es un fenómeno aislado, sino una crisis ambiental que ha sido atendida de manera fragmentada. La ausencia de una norma clara ha generado incertidumbre, ineficiencia y costos crecientes para las comunidades costeras. Es momento de que la Federación deje de reaccionar y asuma un papel rector", afirmó Ortega Pacheco.

La legisladora yucateca subrayó que continuar sin una regulación integral del sargazo no solo agrava el impacto ambiental, sino que también desaprovecha el potencial económico de esta biomasa, dejando a México rezagado frente a otras naciones que ya avanzan en su aprovechamiento sostenible.

México frente al mundo: la brecha en gestión del sargazo

Países como Francia —a través de sus territorios en el Caribe—, así como diversas naciones insulares del Atlántico, han comenzado a desarrollar marcos normativos y programas de aprovechamiento de la biomasa de sargazo. México, pese a contar con una de las costas más afectadas del hemisferio, carece aún de legislación específica que coordine la respuesta federal, estatal y municipal.

La iniciativa de Ortega Pacheco busca cerrar esa brecha, posicionando al país no solo como actor reactivo frente a la emergencia ambiental del sargazo, sino como potencial líder regional en su gestión sostenible.