Departamento de Justicia de EE.UU. declara que el Cartel de los Soles no existe: Es una red de corrupción en Venezuela

Washington, D.C., 6 de enero de 2026 — El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha modificado su postura respecto al supuesto Cartel de los Soles, declarando en una acusación revisada contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro que no se trata de un cartel formal, sino de una red de corrupción o un sistema de patronazgo vinculado al tráfico de drogas.

Según documentos judiciales recientes, el DOJ ha eliminado múltiples referencias al Cartel de los Soles como una organización criminal cohesionada, reduciéndolas de 32 menciones en la acusación original a solo dos en la versión actualizada.

Ahora, lo describe como una "cultura de corrupción en la que elites venezolanas poderosas se enriquecen mediante el tráfico de drogas" y un "sistema de patronazgo dirigido por los de arriba".

Esta revisión surge en el contexto del juicio contra Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 2 de enero y acusado de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos relacionados con el narcotráfico.

Expertos y críticos, como analistas de InSight Crime y el International Crisis Group, han señalado desde hace años que el término "Cartel de los Soles" —originado en la prensa venezolana— no representa una entidad estructurada, sino un slang para describir la corrupción dentro del aparato militar y político de Venezuela, involucrando a altos funcionarios, generales y aliados como el Tren de Aragua, el ELN y el Cartel de Sinaloa.

La designación inicial como organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado en noviembre de 2025 fue criticada por ser "alejada de la realidad", ya que no requiere pruebas en corte, a diferencia de las acusaciones penales.

Esta admisión por parte del DOJ podría tener implicaciones políticas significativas, cuestionando la justificación para intervenciones estadounidenses en Venezuela y destacando la complejidad de las redes criminales estatales.

Mientras tanto, el gobierno de transición en Caracas y la administración de Donald Trump insisten en que la operación contra Maduro busca desmantelar estructuras de corrupción que han permitido el flujo de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, afectando la seguridad nacional.

El caso subraya cómo la corrupción no es un problema aislado, sino un engranaje que involucra a élites políticas y militares, enriqueciendo a pocos mientras desestabiliza regiones enteras. Fuentes del DOJ reiteran que, aunque reformulado, Maduro sigue enfrentando cargos graves bajo estatutos antiterroristas, con posibles condenas que incluyen cadena perpetua.