¿Camino libre a la reelección? Ni un solo registro para relevar a David Colmenares en la ASF

La Comisión de Vigilancia de la ASF reporta cero inscritos para ocupar el cargo de Auditor Superior

Ciudad de México – El proceso para renovar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha iniciado con un silencio inesperado.

Pese a que la Comisión de Vigilancia lanzó la convocatoria formal el pasado jueves, hasta el cierre de este viernes no se ha registrado un solo aspirante para ocupar el cargo que dejará vacante David Colmenares Páramo el próximo 11 de marzo.

El diputado del Partido Verde y presidente de la citada comisión, Javier Octavio Herrera, manifestó que se esperaba una afluencia importante de perfiles técnicos y políticos dada la relevancia del organismo. Sin embargo, el escritorio de registros permaneció vacío durante las primeras jornadas.

Un puesto clave con sueldo de lujo

Llama la atención el desinterés inicial de la comunidad jurídica y fiscal del país, considerando que el puesto de Auditor Superior de la Federación ofrece una remuneración mensual de 194 mil 600 pesos, además de un robusto paquete de prestaciones y la responsabilidad de supervisar el uso de los recursos públicos en México.

¿Reelección o relevo estratégico?

En los pasillos de San Lázaro cobra fuerza la versión de que el actual auditor, el oaxaqueño David Colmenares, tiene la firme intención de buscar la reelección por un periodo de ocho años adicionales, lo que extendería su mandato hasta el 2034. Este escenario podría estar inhibiendo la participación de otros cuadros técnicos.

Pese al desierto de registros oficiales, en el ámbito legislativo ya suenan nombres con peso político que podrían aparecer en la lista final para suceder —o competir— contra Colmenares:

• Arely Gómez: Exprocuradora General de la República.

• Luz María Mijangos Borja: Exfiscal especializada en Combate a la Corrupción.

El calendario legislativo sigue corriendo. Si la ausencia de candidatos persiste, la Comisión de Vigilancia enfrentará el reto de legitimar un proceso que, hasta ahora, parece no atraer a los especialistas necesarios para encabezar el máximo órgano de fiscalización del país.