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FGR presenta cuatro nuevas líneas científicas de investigación en el caso Ayotzinapa
Ciudad de México, 28 de septiembre de 2026.- El Gobierno federal informó que cuatro nuevas líneas de investigación científica impulsan avances en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Las líneas surgen del reanálisis de documentos y registros telefónicos, con una metodología técnica y científica para esclarecer los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Según las autoridades, el esquema permitió ordenar, relacionar y contrastar datos de 12 años e identificar indicios que no habían sido advertidos o investigados a fondo.
La primera línea es el análisis de comunicaciones. Identificó patrones no conocidos de 17 nuevos objetivos ahora sujetos de investigación y reconstruyó vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas ligadas a funerarias.
Se detectaron llamadas entre miembros de esa organización y personal de funerarias y del sector salud.
Una de las personas investigadas y su familia eran propietarias de funerarias, concesionarias del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y participaban en la administración de un panteón.
En agosto de 2025 se estableció que el dueño de la funeraria utilizó el teléfono de un estudiante. En octubre de ese año se ejecutaron cateos en funerarias y el SEMEFO: se localizó un fémur humano, un arma de fuego, documentación, un horno crematorio sin registro oficial e irregularidades graves en la operación del SEMEFO. Las búsquedas en esa instalación, de marzo a junio de 2026, permitieron recuperar 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos, aún bajo análisis pericial. Por petición de madres y padres intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La segunda línea revisó tres equipos telefónicos de estudiantes y la cadena de usuarios posteriores a la desaparición.
En un caso se ejerció acción penal y el 24 de agosto de 2026 se libró orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Otro teléfono fue usado por un policía municipal de Iguala con actividad la noche de los hechos.
El tercer dispositivo, de acuerdo con la Fiscalía, refuerza la hipótesis de que algunos estudiantes fueron llevados a la barandilla municipal, porque el usuario posterior está ligado a un exservidor adscrito a esa dependencia, lo que contradice lo declarado por José Ulises “N”, exjuez de barandilla, ante la entonces PGR.
La tercera línea, del reanálisis documental, identificó a una persona que participó en los hechos cuando tenía 14 años y no había sido individualizada. Su declaración del 30 de julio de 2026, según el comunicado, refuerza imputaciones a miembros de Guerreros Unidos.
La cuarta línea apunta al ocultamiento de videograbaciones de cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero esa noche.
El trabajo permitió reconstruir decisiones de servidores públicos de alto nivel. Derivó en la detención de la exmagistrada presidenta del Tribunal y de la exvisitadora, hoy sujetas a proceso, y, con esos dichos y nuevos elementos, en la detención del exgobernador de Guerrero, el 6 de agosto de 2026, por desaparición forzada en agravio de los 43 estudiantes.
Sobre expertos internacionales, se informó una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que propondrá especialistas.
El Gobierno sostuvo que las madres y los padres de los 43 siguen en el centro del proceso, que el caso no está cerrado y que ninguna persona está por encima de la ley.
Las acciones inmediatas incluyen ampliar la búsqueda, profundizar las líneas de las videograbaciones y de la funeraria-SEMEFO, y mantener el diálogo con las familias a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En la conferencia participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, Mauricio Pazarán.
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