Proveedor de aviones de SEDENA bajo la lupa por presunta estafa millonaria
- Redacción Ala Crítica
- hace 5 horas
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Ciudad de México, 12 de febrero de 2026.— La empresa suiza Ruag, proveedora de servicios de mantenimiento y soporte técnico para los aviones caza F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana, es investigada en Suiza por un presunto fraude relacionado con operaciones comerciales con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con el diario suizo SonntagsBlick, la compañía —que desde hace décadas mantiene contratos con el gobierno mexicano— habría sido víctima de una estafa perpetrada por su intermediario mexicano, quien presuntamente manipuló los valores de mercancías y trámites aduaneros para inflar artificialmente precios y obtener ventajas fiscales indebidas.
Fuentes citadas por el medio europeo señalaron que este socio comercial tenía acceso a información confidencial, incluyendo valores de bienes, procesos de despacho y cálculos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que le permitió alterar los montos de exportación hacia México.
El esquema del presunto fraude ala SEDENA
Según las investigaciones, el mecanismo consistía en aumentar de forma irregular el valor de los bienes exportados, con el objetivo de aplicar tasas de IVA sobre montos superiores a los reales.
Este procedimiento habría generado distorsiones en los costos de los servicios y equipos destinados al mantenimiento de los cazas mexicanos.
Contrato militar bajo presión
Ruag —que controla una parte significativa del mercado global de soporte técnico para el modelo Northrop F-5— habría incumplido parcialmente un contrato con la Sedena como consecuencia de las irregularidades detectadas.
La Sedena adquirió 12 aviones de combate F-5E en 1982, los cuales ya acumulaban más de una década de operación en Estados Unidos al momento de su compra.
A pesar de su antigüedad superior a los 40 años, estas aeronaves continúan en servicio activo dentro de la Fuerza Aérea Mexicana, gracias al respaldo técnico de proveedores extranjeros.
Silencio oficial
Hasta el momento, ni la Sedena ni las autoridades suizas han emitido un comunicado oficial sobre el alcance del presunto fraude, el monto de los recursos involucrados o las acciones legales que podrían emprenderse contra los responsables.
El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión en contratos de defensa, así como sobre la dependencia tecnológica del país en materia de aviación militar.





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