Negligencia mortal: Buscó a su hija 9 años y la fiscalía de Tlaxcala la tenía en una fosa común

ELENA LILIETE: LA JOVEN QUE "DESAPARECIÓ" EN CDMX PERO SIEMPRE ESTUVO EN LA MORGUE DE TLAXCALA

TLAXCALA / CDMX, 18 de febrero de 2026. – Una historia de terror burocrático y dolor inenarrable ha salido a la luz este febrero de 2026. Elena Liliete Álvarez, quien desapareció misteriosamente en la Alcaldía Benito Juárez en julio de 2017, fue finalmente "localizada". El giro macabro: su cuerpo siempre estuvo bajo resguardo de las autoridades, enterrado en una fosa común mientras su familia recorría el país buscándola.

Nueve años de mentiras y omisiones

La última vez que se vio a Elena con vida fue a las 08:00 horas en la Calzada de Tlalpan. Tenía 33 años. Desde ese momento, su madre comenzó un calvario que se prolongó por casi una década. Lo que nadie le dijo es que apenas 23 días después de su reporte de desaparición, el cuerpo de su hija ya había sido localizado en territorio de Tlaxcala.

Pese a que el cadáver ingresó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) el 13 de agosto de 2017, el cruce de información con la Ciudad de México nunca ocurrió. Por una supuesta negligencia en los protocolos de identificación forense, Elena fue enviada a la fosa común como una desconocida, mientras su expediente de búsqueda acumulaba polvo en las oficinas capitalinas.

El despertar de una pesadilla

Fue hasta este febrero de 2026 cuando, tras casi nueve años de silencio, las autoridades notificaron a la madre de Elena sobre el paradero de los restos. La noticia cayó como un balde de agua fría: la justicia no solo falló en protegerla, sino que la mantuvo "desaparecida" administrativamente por negligencia interinstitucional.

"Mi hija no estaba perdida, la tenían ellos y no me quisieron decir", es el grito de justicia que resuena tras confirmarse que el cuerpo estuvo bajo resguardo estatal durante 3,100 días.

¿Quién pagará por este olvido?

Hasta el momento, la FGJE de Tlaxcala ha guardado un silencio sepulcral. No hay informes de investigaciones internas ni sanciones para los peritos o funcionarios responsables de no cotejar el ADN o las señas particulares con la base de datos nacional de personas desaparecidas.

Este caso reaviva la herida de los colectivos de búsqueda, quienes denuncian que las morgues y servicios médicos forenses de México son, en realidad, "desaparecederos" oficiales donde la falta de voluntad política y la deficiencia forense condenan a las familias a una incertidumbre perpetua.