OIC del INE reconoce limitaciones y diputados exigen aclarar “cártel del material electoral”

Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE, durante su reunión de trabajo con diputados federales

Ciudad de México, 30 de octubre de 2026.- El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, reconoció que existen limitaciones legales, presupuestales y administrativas que reducen la capacidad de fiscalización del organismo, al tiempo que informó que durante su gestión se han realizado alrededor de 27 auditorías, con observaciones por aproximadamente 157 millones de pesos.

Durante su reunión de trabajo con diputados federales, explicó que la legislación establece que el programa anual de trabajo del OIC debe ser aprobado por el Consejo General del INE, situación que consideró contradictoria porque coloca al órgano fiscalizador en una posición de dependencia respecto de la instancia que debe vigilar. Como ejemplo, indicó que el retraso del Consejo General en aprobar el programa del año pasado provocó que las labores de fiscalización comenzaran hasta mayo, por lo que actualmente acumulan apenas 18 meses de trabajo efectivo de auditoría.

Carvente Contreras precisó que los casos expuestos ante los legisladores corresponden solamente a tres observaciones, mientras que en su última auditoría notificaron 45 observaciones. Explicó que las contrataciones de materia electoral representan apenas cuatro por ciento del universo que debe revisar el órgano, mientras que el 96 por ciento restante corresponde a otras actividades y áreas del Instituto. Detalló que cuando detectan riesgos o posibles anomalías en los procedimientos de contratación, programan auditorías para realizar investigaciones metodológicas y determinar si existen responsabilidades administrativas.

El funcionario también planteó la necesidad de contar con herramientas tecnológicas para fiscalizar a distancia las juntas distritales y locales, mediante mecanismos como buzones electrónicos y revisiones remotas, con el propósito de reducir gastos de traslado y viáticos.

Sobre el presupuesto, señaló que el OIC opera con la mitad de los recursos que tuvo el año anterior y sostuvo que, pese a esa reducción, ha conseguido ampliar sus resultados de fiscalización. Indicó además que los órganos internos de control de los organismos autónomos no forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción ni del Sistema Nacional de Fiscalización, por lo que pidió a los legisladores revisar el marco legal para fortalecer sus atribuciones y capacidades. Respecto a las empresas que presuntamente facturan operaciones simuladas, aclaró que esa materia corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque el OIC debe dar vista a las autoridades competentes cuando detecta inconsistencias fiscales. Finalmente, afirmó que el actual órgano interno de control es el primero que ha fiscalizado este tipo de contratos electorales y ofreció presentar un informe sobre los hallazgos de administraciones anteriores.

Diputados exigen transparencia y profundizar en contrataciones

Los diputados Javier Herrera Borunda (PVEM) y Ricardo Mejía Berdeja (PT), presidentes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Transparencia y Anticorrupción, respectivamente, señalaron que la reunión de Comisiones Unidas con el titular del OIC busca transparentar las investigaciones y acciones emprendidas ante presuntas irregularidades en la contratación de material electoral.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, Herrera Borunda explicó que ambas comisiones acordaron realizar un ejercicio conjunto de control parlamentario para conocer los resultados del trabajo del órgano fiscalizador del INE.

“La intención es tener un ejercicio de control parlamentario, que es una de las obligaciones que tenemos nosotros los legisladores, vigilar a quienes vigilan”, expresó.

Indicó que el ejercicio deberá desarrollarse bajo el principio de máxima publicidad, sin comprometer las investigaciones en curso ni vulnerar las disposiciones legales relacionadas con la información.

“La idea es que sea un ejercicio de máxima publicidad, de cara al pueblo, entendiendo que hay líneas de investigación que amerita por fundamento legal que se tengan que mantener sin mencionar ciertos nombres o técnicas”, manifestó.

Hizo énfasis en que las y los diputados formularán cuestionamientos procurando no afectar el debido proceso ni las investigaciones que pudieran derivar en sanciones.

Por su parte, Mejía Berdeja expresó que uno de los principales temas a esclarecerse es la presunta concentración de contratos relacionados con la producción y suministro de boletas y otros materiales electorales.

“La realidad es que sí nos interesa mucho que el titular del órgano de control, que ya ha estado dos ocasiones con nosotros, estuvo el 10 de diciembre del 2025 y el 9 de septiembre de este año, pero que pueda profundizar hasta donde alcance la secrecía, pero que sí pueda aclarar varios temas que el pueblo de México demanda”, señaló.

Advirtió que hay un presunto esquema de concentración de contratos que ha operado durante más de 25 años e involucrado tanto al INE como a organismos locales electorales.

“Los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández, que prácticamente han colocado material, boletas, no sólo en el Instituto Nacional Electoral, desde que estaba Ugalde, Lorenzo Córdova y ahora Taddei, sino que también han hecho negocios en los organismos públicos locales electorales, los Oples. Por ejemplo, rememorábamos una denuncia que Ricardo Monreal en el 2005 hizo en el Instituto Electoral del Estado de México, donde le habían adjudicado a la empresa de José Alfredo y Raymundo Hernández, que en ese entonces era cartonera plástica, que hoy es Cajas Grab, le habían adjudicado todo el material de la elección del Estado de México con un sobrecosto de 42 millones”, recordó.

También se refirió a los audios difundidos en los que se mencionan contrataciones de material electoral en Coahuila y Veracruz.

“Es decir, hay un cártel del material electoral que tiene José Alfredo Hernández y que fue tolerado y auspiciado por todas las gestiones del INE, pues de eso queremos que se vaya a fondo”.

Mencionó que el OIC ya había informado sobre investigaciones relacionadas con estas contrataciones durante una reunión celebrada el 9 de septiembre, así como en un documento remitido posteriormente a las y los diputados.

“Sí lo denunció el día 9 de septiembre, ahí está en el canal del Congreso, en el YouTube. Claro, él siempre se cubrió con el tema de la secrecía, pero además en el informe que nos remitió hace unos días habla que sobre este tema había ya investigaciones dadas. Todo se tiene que aclarar, todo. Y bueno, pues ya están citados ahorita los grupos parlamentarios, vamos a estar informando, y también como Javier ha dado cuenta, pues también este tema ya lo trae la Auditoría Superior”, expresó.

Consideró que el Órgano Interno de Control “lo tiene que evaluar ahí es cuántos procesos, cuántas denuncias, y recurrir a la Fiscalía de la República o al Tribunal de Justicia Administrativa, que son finalmente los que imponen sanciones administrativas o penales”.

La comparecencia se produce en un momento de mayor escrutinio público y legislativo sobre las contrataciones y el uso de recursos en el INE. El Órgano Interno de Control tiene la encomienda constitucional de revisar ingresos, egresos y patrimonio del instituto, pero su programa anual de trabajo requiere la aprobación del Consejo General, lo que el propio titular calificó como un esquema de dependencia.

La reducción presupuestal a la mitad y la exclusión de los OIC de organismos autónomos del Sistema Nacional Anticorrupción forman parte de los puntos que Carvente Contreras pidió revisar a los legisladores para fortalecer las capacidades de fiscalización. Los diputados de las comisiones unidas insistieron en que el ejercicio de control parlamentario debe ser transparente y orientado a esclarecer los temas que la ciudadanía demanda.