Frenar la normalización del delito: El plan de Pedro Haces para erradicar las máquinas tragamonedas en comunidades

El diputado Pedro Haces Barba hablando sobre la iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados para fortalecer el Estado de derecho

Ciudad de México, 17 de abril de 2026. – Lo que comenzó como un elemento cotidiano en tienditas de esquina y bares locales se ha transformado en un motor financiero para la delincuencia.

En México, las máquinas tragamonedas ilegales operan sin supervisión, generando ingresos que las autoridades estiman en hasta 600 millones de pesos semanales, una cifra que alimenta redes de extorsión, fraude y lavado de dinero.

Ante este panorama, el diputado federal y coordinador de operación política del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, presentó una iniciativa contundente para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El objetivo es claro: cerrar los vacíos legales que permiten la proliferación de estos dispositivos y elevar su prohibición a rango de ley para evitar el uso de amparos por parte de los operadores.

"No es un tema de juego, es de seguridad"

Durante la presentación de la propuesta, Haces Barba fue enfático en separar el entretenimiento de la ilegalidad.

“No es un tema de juego, es un tema de seguridad. Estas máquinas operan al margen de la ley, afectan a las familias y generan condiciones que favorecen actividades delictivas. No podemos seguir normalizándolo”, sentenció el legislador.

La problemática no es menor. Datos oficiales revelan que, entre enero de 2024 y marzo de 2026, se han asegurado más de 2 mil 147 máquinas en todo el territorio nacional.

Sin embargo, el esfuerzo administrativo ha sido insuficiente debido a que la prohibición actual solo existe en el Reglamento, no en la Ley General, lo que crea una vulnerabilidad jurídica que la nueva reforma busca subsanar.

Impacto en la niñez y el tejido social

Más allá del flujo de efectivo ilícito, la presencia de estas máquinas en espacios comunitarios representa un riesgo directo para menores de edad. Al no existir controles, niñas, niños y adolescentes tienen acceso libre a estos dispositivos, fomentando riesgos de adicción temprana.

Al respecto, el diputado señaló que el fondo del problema trasciende lo legal:

“Estas máquinas no solo afectan la economía de las familias, también generan riesgos de adicción, especialmente en menores, y deterioran el tejido social en las comunidades”.

Sanciones severas contra la coacción y la corrupción

La iniciativa no solo va contra los dueños de las máquinas, sino contra toda la cadena de operación. Se proponen sanciones para quienes:

• Coaccionen a comerciantes mediante amenazas o violencia para instalar los dispositivos.

• Distribuyan, operen o financien la actividad de manera ilegal.

• Servidores públicos que permitan, protejan o ignoren la operación de estos negocios.

“Se trata de dar certeza jurídica y de fortalecer al Estado para actuar con claridad. No podemos permitir que actividades ilegales sigan operando en espacios comunitarios como si fueran algo normal”, afirmó Haces.

Finalmente, el legislador tlalpense hizo un llamado a recuperar la paz en las colonias:

“No podemos permitir que lo ilegal se normalice en nuestras comunidades. Esta iniciativa busca poner orden donde hoy hay vacíos legales y proteger a las familias donde hoy hay riesgos”, concluyó.