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PRI exige que Rocha Moya pida licencia tras acusaciones de vínculos con el narco reveladas por EU


Diputado federal Rubén Moreira Valdez, coordinador parlamentario del PRI, durante conferencia de prensa en la Cámara de Diputados
Diputado federal Rubén Moreira Valdez, coordinador parlamentario del PRI, durante conferencia de prensa en la Cámara de Diputados

Ciudad de México 29 de abril de 2026.- PRI pide licencia de Rocha Moya y exige al gobierno mexicano fijar posición ante acusaciones de vínculos con el narcotrafico.


El coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputado federal Rubén Moreira Valdez, exigió este miércoles que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicite licencia a su cargo tras las acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado reveladas por Estados Unidos, y demandó al gobierno de México pronunciarse de forma inmediata sobre la gravedad de los señalamientos.


"Yo creo que el gobernador debería pedir licencia", afirmó Moreira Valdez en declaraciones ante medios de comunicación, añadiendo que el Senado de la República debería citar de forma urgente al mandatario estatal, tal como lo intentó hacer con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.


El legislador priista subrayó que la primera obligación del Estado mexicano es salir a aclarar la situación, en lugar de, según sus palabras, "distraer la atención" con otros asuntos.

"Lo primero que tiene que hacer el gobierno mexicano es resolver el tema de esas acusaciones", sostuvo.

El PRI ya lo advertía desde 2021

Durante la rueda de prensa, Moreira estuvo acompañado por el diputado Mario Zamora Gastélum, quien contendió contra Rocha Moya en las elecciones de Sinaloa de 2021 y que siempre denunció irregularidades en ese proceso electoral.


Zamora recordó que el PRI presentó impugnaciones ante los tribunales electorales y acudió ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para alertar sobre las condiciones en que se desarrollaron los comicios, sin obtener respuesta favorable. "En su momento nos dejaron solos", lamentó el legislador.


El diputado Moreira fue contundente:

"Nos da la razón el tiempo. Y no es que nos dé gusto, porque es una tragedia."

Zamora, por su parte, fue enfático al señalar que "lo que hoy pasa en Sinaloa no lo merecemos los sinaloenses", y criticó que sea otro país el que señale este tipo de vínculos, cuando las denuncias internas fueron ignoradas.

"Qué triste que hoy sea otro país el que señale este tipo de cosas", expresó.

Morena y la crisis política en Sinaloa

Moreira Valdez fue directo al señalar que los hechos representan un golpe político severo para Morena, el partido en el gobierno. "Yo creo que sí" podría ser el fin de Morena, dijo ante la pregunta de los periodistas, aunque aclaró que la hipótesis de un "narcopartido" debe ser aclarada por el propio gobierno antes de confirmarse.

"El gobierno tiene que actuar para que no se confirme esa hipótesis. Tiene que salir con claridad para que, sin juzgar, nos aclare qué está pasando", señaló el coordinador priista.

Respecto a otros nombres que circulan en la lista de presuntos narcopolíticos, como el del senador Enrique Inzunza y el secretario Mario Delgado, Moreira prefirió no especular y reiteró que el gobierno mexicano debe fijar una posición en las próximas horas y ordenar una "profunda investigación" sobre todos los implicados.


Sinaloa, en crisis económica y de seguridad

Más allá del escándalo político, ambos legisladores coincidieron en que el estado de Sinaloa atraviesa una profunda crisis derivada de la disputa entre grupos del crimen organizado, lo que ha afectado gravemente su economía y su sector turístico.

"Hay que rescatar al Estado", reiteró Zamora Gastélum, mientras Moreira recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue omiso ante las advertencias que el PRI lanzó oportunamente sobre la situación en la entidad.


El diputado coahuilense cerró sus declaraciones advirtiendo que las consecuencias de los señalamientos formulados desde el extranjero podrían ser "mayúsculas" para México y su relación con Estados Unidos, en un contexto donde las acusaciones de vínculos entre funcionarios y el narcotráfico siguen escalando en el debate público nacional.

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