Datos telefónicos: acceso bajo control judicial, resuelve la SCJN

Ciudad de México, 17 de noviembre de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las autoridades requieren una autorización judicial para acceder a los datos en telecomunicaciones que conservan las empresas.
El Pleno del Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 193/2026, delimitó los alcances del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y estableció que dicha autorización debe identificar a las personas involucradas, el periodo correspondiente y las razones que justifican la entrega de la información, conforme al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Al analizar el recurso, los ministros validaron diversas fracciones del citado artículo 183, el cual obliga a los concesionarios y autorizados a conservar datos, colaborar en la geolocalización en tiempo real de equipos terminales, entregar información a las autoridades competentes y, en su caso, bloquear señales de telecomunicaciones.
La SCJN determinó que esta obligación no implica la conservación del contenido de las comunicaciones, sino únicamente la información vinculada con la prestación del servicio.
Esa información queda sujeta a los mecanismos de protección de datos personales y a los controles judiciales previstos en la Constitución y en la legislación procesal penal.
“Se concluyó que la obligación es compatible con los derechos a la privacidad y protección de datos personales, porque la posible entrega de información a autoridades debe interpretarse de conformidad con el artículo 16 constitucional, así como con la jurisprudencia obligatoria emitida por el Alto Tribunal”, señaló el tribunal.
Además, la Corte reiteró su criterio de que la geolocalización en tiempo real de equipos terminales constituye una medida distinta a la intervención de comunicaciones privadas. Únicamente permite conocer la ubicación aproximada de un dispositivo móvil y no el contenido de las comunicaciones ni los datos derivados del proceso comunicativo.
Esta medida —concluyó el Pleno— debe ajustarse al control judicial: provenir de una autoridad legalmente competente, constar en un mandamiento escrito que explique su fundamento y motivos, y cumplir los términos establecidos en las leyes aplicables.
El fallo, bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos González, negó el amparo solicitado contra las disposiciones impugnadas de la ley publicada en julio de 2025, al considerar que las medidas son compatibles con los derechos fundamentales siempre que se respeten los límites y controles constitucionales.
Con esta resolución, la SCJN deja claro el equilibrio entre las facultades de colaboración de los concesionarios de telecomunicaciones con las autoridades de seguridad y procuración de justicia, y la protección de la privacidad de los usuarios a través del control judicial previo.
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