SCJN valida entrega directa del 10% del FAIS a pueblos indígenas y afromexicanos

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la sesión donde validó la entrega directa del 10% del FAIS a pueblos indígenas y afromexicanos

Ciudad de México, 21 de octubre de 2026. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso histórico en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas al validar que, por lo menos, el 10 por ciento de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) les sean entregados de manera directa, en una resolución que marca un precedente en la jurisprudencia del país.

Durante la sesión del Pleno, los ministros determinaron que la asignación directa de dichos recursos tiene como finalidad hacer efectivos los derechos que reconoce el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para recibir y administrar directamente las asignaciones presupuestales que les correspondan.

Recursos sujetos a fines federales, pero con autonomía municipal intacta

El Máximo Tribunal precisó que, si bien las aportaciones del FAIS forman parte de la hacienda municipal, su destino está sujeto a los fines previstos en la legislación federal; en ese sentido, la asignación directa de esos recursos respeta la autonomía municipal, al solo armonizar el ejercicio de sus atribuciones con el mandato constitucional de garantizar los derechos de dichos pueblos y comunidades.

Además, la Corte consideró que las facultades de coordinación y regulación del FAIS conferidas a la Secretaría de Bienestar no sustituyen las competencias de los gobiernos municipales, por lo que dicha instancia no constituye una autoridad intermedia prohibida por la Constitución Federal.

Doce controversias constitucionales analizadas

La resolución se tomó al analizar 12 controversias constitucionales, en las que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz calificó la decisión del Máximo Tribunal como un hecho histórico, al fortalecer el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, un cambio que transformará la forma en que llegan los recursos federales a las zonas con mayor rezago social del país.

La medida representa un avance sustancial en la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios, al permitirles administrar de forma directa las inversiones destinadas a su propio desarrollo, sin intermediarios gubernamentales.