Empresarios denuncia "justicia selectiva" en la SABG; exhiben adeudo millonario del INPER
- Redacción Ala Crítica
- hace 5 días
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Ciudad de México – El sector empresarial lanzó un enérgico llamado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), dirigida por Raquel Buenrostro, para que la vigilancia del gasto público no sea unilateral. La demanda es clara: las investigaciones deben alcanzar a los funcionarios públicos cuyas omisiones, negligencia o actos de prepotencia asfixian financieramente a las empresas prestadoras de servicios.
Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño y vocero de la Asociación Nacional de Empresas de Limpieza (ANBEL), advirtió que mientras la dependencia ha sido ágil para difundir sanciones contra proveedores por errores administrativos, existe una opacidad preocupante respecto a los castigos para servidores públicos con quejas formales en su contra.
El caso INPER: Un adeudo de 6 millones de pesos
Como ejemplo de esta problemática, se denunció la situación que enfrenta la empresa Aseo Privado Institucional, S.A. de C.V. con el Instituto Nacional de Perinatología (INPER). Según la documentación presentada, la institución —dirigida por la Dra. Ana Cristina Arteaga Gómez— mantiene un adeudo de 6 millones 326 mil pesos.
El conflicto se originó tras la firma de un convenio modificatorio para la prestación de servicios de limpieza durante el primer trimestre de 2025. A pesar de que el servicio se cumplió cabalmente, los pagos de la segunda quincena de febrero y de marzo quedaron congelados.
Negligencia y falta de transparencia
La situación se agravó tras el fallecimiento de la administradora original del contrato. El nuevo responsable designado por el INPER, Luis Antonio Fonseca Rodríguez, notificó hasta el mes de octubre una supuesta reducción presupuestal que, según la empresa y sus representantes legales, nunca fue notificada por escrito ni aceptada por el proveedor.
"Es insostenible argumentar que se requiere un requerimiento formal de pago para cumplir una obligación contractual que la institución conoce plenamente", señalaron representantes de la empresa y el abogado Fernando Lorenzo.
Impacto financiero y riesgo de quiebra
Los representantes de ANBEL subrayaron que este impago gubernamental ha generado un daño patrimonial significativo. La empresa afectada se vio obligada a contraer préstamos para cubrir sus compromisos de fin de año, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores de limpieza.
Los empresarios exigen que, al concluir el periodo vacacional, la Secretaría Anticorrupción abra una investigación exhaustiva sobre el actuar del personal del INPER, asegurando que la política de "Buen Gobierno" de la actual administración no se convierta en una herramienta que solo castigue al sector privado mientras protege la ineficiencia burocrática.
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