Alertas de tiroteo escolar en 14 estados: la desinformación criminaliza a adolescentes y viola derechos de la infancia, advierte especialista

Ciudad de México, 27 de abril de 2026.— En las últimas dos semanas, México ha registrado una proliferación de alertas de supuestos tiroteos escolares en al menos 14 estados del país. Lejos de responder a amenazas reales comprobadas, el fenómeno ha expuesto una crisis más profunda: la manera en que la desinformación, la reacción institucional desproporcionada y la criminalización colectiva de adolescentes vulneran los derechos humanos de las infancias.

Así lo advirtió Juan Martín Pérez García, coordinador de la asociación Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, psicólogo por la UNAM y referente experto en derechos de la niñez con más de 30 años de trayectoria en organizaciones sociales.

La criminalización sin evidencia, el primer daño

Para Pérez García, la primera consecuencia grave de estas semanas ha sido la narrativa adultocéntrica que se instaló en medios, redes sociales e instituciones: la presunción, sin respaldo investigativo, de que las amenazas provienen de estudiantes.

"Desde la reacción adultocéntrica se asume sin evidencia que las amenazas provienen de estudiantes antes de realizar una investigación. Esa narrativa convierte a adolescentes en sospechosos colectivos y debilita su derecho a ser tratados como sujetos de derechos", señaló el especialista.

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia subrayó que hasta el momento no existe demostración de que las más de 60 "amenazas escolares" documentadas hayan sido generadas por algún reto viral o por personas jóvenes. Sin embargo, autoridades educativas y policíacas las validaron como hechos de riesgo mediante comunicados oficiales, desencadenando suspensiones de clases, operativos y medidas que, en su conjunto, afectaron directamente la vida cotidiana de miles de niñas, niños y adolescentes.

Operativos que violan, no protegen

Pérez García fue enfático al cuestionar las respuestas institucionales desplegadas: el llamado "operativo mochila segura", la revisión de perfiles digitales de estudiantes y la presencia policial en planteles no constituyen medidas de seguridad escolar. Sin diagnóstico, sin transparencia y sin proporcionalidad, afirmó, son violaciones a los derechos de la infancia.

"Realizar operativos espectaculares puede parecer una respuesta rápida, pero si no hay diagnóstico, transparencia y proporcionalidad, son violaciones a los derechos de la infancia, además de aumentar el miedo y la desconfianza", precisó.

Según el especialista, la verdadera seguridad escolar debe construirse sobre cuatro pilares: verificación de información, comunicación clara a la comunidad escolar y sus familias, apoyo psicosocial y participación activa del estudiantado.

El papel de los medios y la desinformación

El coordinador de la organización defensora también dirigió un llamado explícito al periodismo. Difundir capturas de pantalla, rumores o supuestas amenazas sin confirmar —especialmente imágenes sintéticas generadas por inteligencia artificial y difundidas en portales de desinformación— amplifica el pánico social y alimenta el populismo punitivo.

"En estos casos, el periodismo debe verificar origen, fecha, plantel, autoridad responsable, medidas tomadas y evidencia disponible antes de publicar", indicó Pérez García, quien además alertó sobre titulares alarmistas como "reto viral de tiroteos", "Tiroteo mañana" o "adolescentes fuera de control", que instalan una amenaza sobredimensionada sin sustento real.

La cobertura responsable, precisó, debe distinguir con claridad entre una amenaza comprobada, un mensaje no verificado, una broma dañina, un rumor y un hecho violento.

Derechos, voces y agenda oculta

Tejiendo Redes Infancia señala que toda campaña de desinformación articulada a nivel nacional responde a intereses punitivos concretos. En este caso, el pánico social generado habría sido funcional para justificar medidas que de otra forma no habrían tenido respaldo ciudadano: vigilancia de redes, revisiones físicas y presencia policial en escuelas, presentadas "a petición de las familias".

Frente a ello, Pérez García recordó que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la legislación nacional reconocen el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión en los asuntos que les afectan y a que ésta sea tomada en cuenta según su edad y madurez.

Ese derecho aplica directamente a los protocolos escolares, la comunicación de crisis y el diseño de medidas de protección.

"La voz de niñas, niños y adolescentes debe estar presente", subrayó el especialista.

Finalmente, Pérez García advirtió contra la simplificación de la realidad juvenil bajo la etiqueta de "problemas de salud mental adolescente", señalando que la cobertura periodística tendrá más alcance e impacto social cuando retome la importancia de los entornos protectores en la familia, la escuela y la comunidad como respuesta estructural frente a la pobreza, la violencia, el maltrato, la presión social y el acoso escolar que enfrentan millones de jóvenes en México.