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FGR reconoce solicitud de extradición de EU contra funcionarios de Sinaloa, pero advierte que las pruebas presentadas son insuficientes
- Redacción Ala Crítica
- hace 8 minutos
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Ciudad de México, 29 de abril de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) emitió este miércoles un comunicado oficial en el que reconoció haber recibido, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América en contra de funcionarios del estado de Sinaloa.
Sin embargo, la institución fue explícita en señalar que la documentación recibida no cuenta con elementos probatorios suficientes, que el proceso deberá seguir estrictamente los cauces legales establecidos en la legislación mexicana, y que la propia divulgación pública del caso por parte de las autoridades estadounidenses viola los protocolos de confidencialidad diplomática pactados en el tratado bilateral.
El comunicado, redactado en un tono formal y jurídicamente preciso, marca la primera posición oficial del Estado mexicano ante uno de los escándalos políticos más explosivos de los últimos años, y establece desde el arranque una defensa de la soberanía nacional como marco inamovible para cualquier decisión que tome la institución.
La FGR confirma la notificación y anuncia investigación propia
La fiscalía confirmó que fue notificada por la Cancillería mexicana de las solicitudes estadounidenses, y anunció que la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales será la unidad encargada de analizar la documentación recibida.
Su tarea, según el comunicado, será determinar "con toda exactitud" si existen los elementos probatorios necesarios para proceder y evaluar la viabilidad jurídica de la solicitud conforme al marco legal vigente.
De forma paralela, la FGR anunció el inicio de una investigación propia orientada a obtener información que permita establecer si existen datos de prueba que sustenten la probabilidad de que las acusaciones del gobierno estadounidense cuenten con fundamento legal suficiente para solicitar órdenes de aprehensión ante la autoridad judicial mexicana.
Este doble proceso —análisis de la solicitud extranjera e investigación nacional independiente— refleja la postura de la fiscalía de no subordinar sus decisiones a los requerimientos de un gobierno extranjero, sino de actuar con plena autonomía institucional y dentro del Estado de Derecho mexicano.
Pruebas insuficientes: el freno jurídico más contundente
Uno de los párrafos más relevantes del comunicado es aquel en el que la FGR señala de manera directa que la solicitud estadounidense:
"No se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados."
Esta afirmación, técnicamente precisa y políticamente significativa, constituye el principal obstáculo jurídico que enfrenta en este momento la petición de extradición formulada por Estados Unidos.
Mediante un vídeo publicado en las redes sociales de la FGR, el vocero de la fiscalía general de la República, Ulises Lara Lopez, recordó que la legislación mexicana establece con claridad que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que permitan inferir razonablemente la posibilidad de que una persona ha cometido un delito.
En el mismo sentido, el Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos establece que solo se concederá la extradición cuando se determine que las pruebas presentadas son suficientes conforme a las leyes del país requerido, en este caso, México.
Al señalar públicamente que esas pruebas no alcanzan el umbral requerido, la FGR envía una señal inequívoca de que la extradición inmediata no es una opción jurídicamente viable en las circunstancias actuales del expediente.
EU violó la confidencialidad diplomática al hacer pública la solicitud
Otro de los puntos más llamativos del comunicado es la advertencia implícita que la FGR lanza al propio Gobierno de los Estados Unidos por haber divulgado públicamente la solicitud de extradición.
La institución recordó que el propio requerimiento estadounidense exigía al Gobierno de México que la información contenida en la solicitud "no sea divulgada ni se haga del dominio público", lo cual, según la fiscalía, fue incumplido por las propias autoridades del país requirente.
La institución también citó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para subrayar que toda la información y documentación transmitida en este tipo de procesos debe manejarse con carácter "confidencial y reservado", a fin de proteger la integridad de los procedimientos penales en curso en ambos países y evitar que la difusión pública cause perjuicios a la naturaleza de las investigaciones.
Esta posición coloca a las autoridades estadounidenses en una situación incómoda: al hacer pública la solicitud de extradición como parte de una estrategia de presión política o comunicativa, habrían violado sus propios términos procesales y los acuerdos diplomáticos que gobiernan este tipo de procedimientos.
El fuero: la barrera legal que protege a gobernador y senador
La FGR también recordó que la legislación mexicana establece un procedimiento especial para los casos de funcionarios que gozan de inmunidad procesal, como son los gobernadores y los senadores.
En estos casos, antes de que pueda procederse cualquier acción penal directa, es necesario iniciar un juicio de procedencia, también conocido como desafuero, mediante el cual la Cámara de Diputados emite una declaratoria que retira la inmunidad constitucional al servidor público implicado.
Esta referencia explícita en el comunicado apunta directamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza, ambos señalados en la acusación estadounidense y ambos protegidos actualmente por el fuero constitucional que sus cargos les confieren.
Sin ese trámite legislativo previo, ninguna acción penal puede prosperar en su contra dentro del territorio mexicano, con independencia de lo que determinen las cortes extranjeras.
"Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie"
La FGR cerró su comunicado con una frase que funciona simultáneamente como principio jurídico, mensaje político y advertencia institucional:
"Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie."
La fórmula, históricamente asociada a la tradición jurídica del Estado mexicano, establece que la institución no actuará ni por debajo ni por encima de lo que mandata el marco legal vigente, independientemente de las presiones políticas, mediáticas o diplomáticas que pueda recibir.
Para la fiscalía, cumplir a cabalidad con lo que mandata la ley no es una opción, sino una obligación, especialmente cuando están en juego la soberanía nacional, el Estado de Derecho y las garantías individuales de las personas implicadas, que, subrayó la institución:
"Son inalienables tanto en el Estado requerido como en el requirente."
El comunicado de la FGR marca así el inicio de un complejo proceso jurídico y diplomático cuyo desenlace dependerá de múltiples variables: la solidez del expediente estadounidense, la velocidad con la que el Congreso aborde el eventual desafuero de los funcionarios involucrados, y la voluntad política de las instituciones mexicanas para actuar con independencia frente a uno de los casos de presunta narcopolítica más documentados y políticamente sensibles de los últimos años.
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