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Marisela Zúñiga impulsa reforma a las leyes de educación para proteger a maestras y maestros dentro y fuera del aula
Ciudad de México, 7 de octubre de 2026.- La diputada por Iztapalapa, Marisela Zúñiga Cerón, presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior para establecer mecanismos que garanticen la salud socioemocional y la integridad física de las y los docentes, dentro y fuera de las aulas.
Junto con el proyecto de decreto, planteó un punto de acuerdo para exhortar a los 32 gobiernos estatales, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a los congresos locales a implementar acciones de seguridad y protección del personal docente.
La propuesta combina, así, una reforma de alcance nacional con un llamado a las autoridades locales, que son las que operan la mayor parte de los planteles.
En conferencia de prensa, la legisladora morenistas señaló que la iniciativa responde a las condiciones de violencia, estrés, ansiedad y depresión que enfrenta el personal educativo.
A su juicio, esa problemática dejó de ser un asunto privado y se convirtió en un tema de salud pública y de derechos humanos.
“Por eso presentamos hoy esta iniciativa de reforma a la Ley General de Educación y a la Ley General de Educación Superior, para obligar a las autoridades a diseñar políticas que garanticen la salud socioemocional de las maestras y de los maestros, a realizar diagnósticos reales y a darles herramientas de cuidado dentro y fuera del trabajo”, señaló.
La reforma no se limita al desgaste emocional. Zúñiga Cerón expuso que las y los docentes también enfrentan violencia dentro y fuera de los planteles, y mencionó casos de maestras y maestros asesinados, secuestrados o agredidos en distintos estados.
La legisladora no detalló expedientes ni cifras en la conferencia. Su argumento fue de política pública: la condena posterior al hecho no sustituye un mecanismo permanente.
“No basta con condenar los hechos cuando estos ocurren, hacen falta mecanismos reales, verificables y permanentes para garantizar la seguridad de los profesores, protocolos de prevención, rutas claras de denuncia, acompañamiento jurídico y psicológico de inmediato”, dijo.
La diputada iztapalapense adelantó una segunda iniciativa, aún no presentada, enfocada en los derechos de las y los docentes cuando enfrenten procesos administrativos, actas o denuncias en su contra. Ahí marcó un límite explícito.
“Defender a los maestros no es proteger la impunidad, quien comete una falta debe responder conforme a la ley, pero con presunción de inocencia, con derecho de audiencia y una defensa adecuada”, afirmó.
La propuesta fue respaldada por docentes y especialistas. El maestro Mauricio Ángeles Asenjo consideró que atender la salud emocional del personal docente es una necesidad de la sociedad y de la comunidad educativa.
“Es una necesidad imperante para la sociedad tener esta ley diputada que nos pueda, que pueda beneficiar a todos en su conjunto, a la sociedad”, dijo.
El maestro Carlos Ríos sostuvo que la educación es básica en la formación de una nación y que la comunidad educativa no se reduce al alumnado.
“Los componentes de esa comunidad, no solamente son los alumnos, son los docentes, los padres de familia y esta ley permite también sumar precisamente esa salud socioemocional que requieren los docentes”, señaló.
La doctora Elizabeth Álvarez planteó que hablar de educación implica atender las condiciones de quien sostiene el aula.
“El bienestar de quienes enseñan no es un asunto secundario ni exclusivamente personal, es también una responsabilidad institucional y social”, afirmó.
El docente Carlos Ruiz Cárdenas consideró insuficientes las comisiones y comités de derechos humanos, género y ética que ya existen en los planteles.
Para él, la diferencia está en pasar de una instancia declarativa a una obligación legal.
“Cuando ya hay un documento legal y hay una responsabilidad para que las autoridades actúen, no solamente para castigar o no, sino inclusive para fomentar un trabajo psicológico, un trabajo de saber qué hacer y qué no hacer, qué le corresponde a un docente y qué no”, concluyó.
La iniciativa queda sujeta al trámite legislativo en la Cámara de Diputados. De aprobarse, trasladaría a la SEP, a los gobiernos estatales y a los congresos locales la obligación de diagnosticar, prevenir y atender tanto el desgaste emocional como la violencia contra el personal docente.
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