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Tras masacre en Salamanca, Diputados urgen a regular empresas de seguridad privada
- Redacción Ala Crítica
- 27 ene
- 2 Min. de lectura
CIUDAD DE MÉXICO – La reciente masacre en Salamanca, Guanajuato, que dejó un saldo de 12 personas fallecidas, ha puesto bajo la lupa a las empresas de seguridad privada en México.
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció la necesidad apremiante de una legislación que permita conocer con exactitud el estado de fuerza y el armamento que operan estos entes particulares.
La urgencia surge tras trascender que, entre los presuntos sicarios involucrados en los hechos violentos de Guanajuato, se encontraban al menos dos guardias de seguridad privada.
Sin registro ni catálogo de armas
A pesar de la gravedad de los hechos, el legislador zacatecano rechazó que existan actualmente mesas de diálogo formales entre los legisladores y las agrupaciones de seguridad para concretar una reforma inmediata.
Monreal Ávila fue enfático al señalar que el Poder Legislativo carece de información técnica sobre la operatividad de estos grupos.
"Nosotros no tenemos ningún catálogo, no es nuestra función ni nuestra facultad. En todo caso, la Secretaría de Seguridad Pública, la SEDENA o la Semar podrían tener elementos de cálculo sobre las armas de los grupos privados, pero la Cámara de Diputados no posee ningún registro, padrón o catálogo", puntualizó el coordinador morenista.
Hasta el momento, y pese a la crisis de seguridad, el Congreso de la Unión no tiene un proyecto de iniciativa en puerta para regular de manera estricta a estas empresas.
El PT exige orden inmediato
Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, Reginaldo Sandoval Flores, se sumó a la demanda de poner orden en el sector.
Sandoval Flores calificó como urgente establecer claridad sobre la ubicación de estas empresas, el número de elementos contratados y, especialmente, el grado de capacitación en el manejo de armamento.
El líder del PT insistió en que es vital auditar:
El inventario de armas por cada empresa.
Los calibres utilizados.
La vigencia de los permisos otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La falta de un padrón confiable representa un vacío legal que, según los legisladores, permite la infiltración de elementos de seguridad en células del crimen organizado, exacerbando la violencia en entidades críticas como Guanajuato.
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