Morena va por nueva reforma constitucional: fin a la inmunidad procesal de políticos

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, durante conferencia sobre reforma para eliminar el fuero

Ciudad de México, 22 de agosto de 2026.- El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que México debe avanzar hacia un régimen de responsabilidades públicas en el que ninguna persona se encuentre por encima de la ley y los cargos de elección popular no puedan utilizarse como escudos frente a la justicia.

Por ello, anunció la próxima presentación de una reforma constitucional cuyo propósito es fortalecer el mandato popular, eliminar la inmunidad procesal penal de legisladores y titulares de los poderes ejecutivos locales, así como evitar el uso de los cargos legislativos como plataformas temporales para buscar otras posiciones políticas.

Inviolabilidad parlamentaria vs. inmunidad procesal

Ramírez Cuéllar explicó que la propuesta distingue claramente entre la inviolabilidad parlamentaria y la inmunidad procesal penal, figuras que comúnmente son agrupadas bajo el concepto genérico de "fuero", pero que tienen finalidades y alcances diferentes.

"La inviolabilidad parlamentaria protege las opiniones y los votos, y eso se debe proteger a toda costa, pero la inmunidad procesal penal es un privilegio usado tramposamente que se debe terminar", apuntó.

El legislador morenista subrayó que la eliminación del fuero no implica desconocer el debido proceso, la presunción de inocencia ni el derecho de defensa. Por el contrario, significa que la protección frente a acusaciones infundadas debe garantizarse mediante las reglas ordinarias del proceso penal y los mecanismos de control previstos en la Constitución, y no depender de una decisión previa adoptada por mayorías políticas, como ocurre actualmente con la declaración de procedencia.

Un tema rumbo a 2027

El vicecoordinador de la bancada mayoritaria advirtió que el costo político de seguir protegiendo a políticos y gobernantes es ya demasiado alto, pues estas prácticas han contribuido a construir extensos sistemas de impunidad.

Señaló que el pueblo necesita volver a creer que existe una decisión firme de profundizar la regeneración nacional, acabar con los privilegios y garantizar que nadie esté por encima de la ley, y que recuperar esa confianza será indispensable para construir una nueva mayoría política y electoral que se exprese el primer domingo de junio de 2027.

"Las responsabilidades públicas exigen mayores niveles de legalidad y rendición de cuentas. Quien desempeña un cargo de elección popular debe responder ante la justicia bajo las mismas reglas aplicables a cualquier ciudadana o ciudadano", afirmó.

La tesis LI/2005 de la Suprema Corte, en la mira

El legislador señaló que este objetivo exige revisar los alcances de las resoluciones jurisdiccionales que pueden impedir la aplicación efectiva de las sanciones derivadas de un juicio político.

En particular, se refirió a la tesis LI/2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que distingue entre dos momentos del juicio político: la sustanciación del procedimiento y la ejecución de sus efectos y consecuencias.

De acuerdo con ese criterio, una suspensión concedida dentro de una controversia constitucional no puede detener la investigación, tramitación o resolución del juicio político, porque éste constituye una institución fundamental del orden jurídico mexicano.

Sin embargo, la misma tesis permite suspender sus efectos y consecuencias, de modo que una eventual destitución o inhabilitación no pueda ejecutarse hasta que la Suprema Corte resuelva el fondo de la controversia.

Ramírez Cuéllar indicó que esta distinción procesal puede producir un problema de enorme trascendencia democrática: el juicio político continúa formalmente, pero su resultado queda materialmente desactivado.

"Si el procedimiento puede desarrollarse, pero las sanciones que constituyen su razón de ser no pueden ejecutarse, corremos el riesgo de conservar solamente la apariencia del juicio político. Una resolución sin consecuencias oportunas puede convertirse en una declaración vacía y, peor aún, en una protección temporal para quien debe rendir cuentas, y eso no lo podemos permitir", sostuvo.

El legislador zacatecano afirmó que este criterio, establecido en 2005, debe ser superado por la Suprema Corte y revisado a la luz del contexto presente, de la necesidad de fortalecer el régimen de responsabilidades y de los efectos que una suspensión prolongada puede generar sobre el derecho de la sociedad a contar con autoridades sujetas a controles efectivos.

Superar este criterio, explicó:

"Significa establecer que la suspensión de las consecuencias de un juicio político no puede concederse de manera automática o general, sino únicamente bajo un análisis excepcional, estricto y debidamente motivado, que valore tanto los posibles daños para la persona servidora pública, como el perjuicio que puede ocasionarse a la sociedad, a las instituciones y a la vida democrática del país".

El caso Samuel García, telón de fondo

Esta discusión adquirió relevancia a partir de la suspensión provisional concedida por la ministra Ríos González dentro de la controversia constitucional 386/2026, promovida por el Poder Ejecutivo de Nuevo León en relación con el juicio político seguido contra el gobernador Samuel García.

La resolución permite que el Congreso de Nuevo León continúe con el procedimiento, pero impide ejecutar una eventual destitución o inhabilitación mientras la Suprema Corte resuelve el fondo del asunto. Aunque la Corte todavía no ha emitido ninguna determinación, las consecuencias más importantes del juicio político quedaron suspendidas anticipadamente.

Ramírez Cuéllar consideró que la decisión merece una crítica firme, porque representa un precedente que concede a las y los gobernadores un blindaje temporal frente a las posibles consecuencias del procedimiento de juicio político, y corre el riesgo de convertir la justicia constitucional en un mecanismo de protección que se prolongue hasta el final de un mandato.

"Una controversia constitucional no puede convertirse en un instrumento para cancelar o paralizar el régimen de responsabilidades políticas. Los congresos deben continuar ejerciendo sus atribuciones y concluir los procedimientos que les corresponde sustanciar, con absoluto respeto al debido proceso y a las competencias de los órganos jurisdiccionales", enfatizó.

"Ninguna investidura por encima de la ley"

Finalmente, Ramírez Cuéllar afirmó que la eliminación del fuero y la continuidad de los procedimientos de juicio político forman parte de un mismo objetivo: "terminar con los privilegios, combatir la impunidad y garantizar que todas las autoridades rindan cuentas por sus actos".

"En una democracia no puede haber cargos que funcionen como refugios frente a la justicia. Debemos proteger la libertad de quienes representan al pueblo, pero también asegurar que ninguna investidura coloque a una persona por encima de la ley", concluyó.