REPORTAJE ESPECIAL | Violencia en México 2025: menos homicidios, más terror público

El año 2025 concluye con un escenario complejo para el análisis de la seguridad pública en México. Por un lado, las cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran una contención estadística: entre enero y noviembre de 2025 se registraron 18,557 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con la base oficial de incidencia delictiva del fuero común. Esta cifra representa una reducción frente al mismo periodo de 2024 y confirma una disminución en el volumen total de asesinatos a nivel federal.

Sin embargo, esta disminución cuantitativa contrasta con una transformación cualitativa en la visibilidad y la naturaleza de la violencia. A diferencia de años anteriores, cuando los enfrentamientos se concentraban principalmente en zonas rurales o periféricas, 2025 se caracterizó por la irrupción de grupos armados en espacios de convivencia civil, en horarios diurnos y en zonas de alta concentración poblacional.

El fenómeno sugiere una modificación en la dinámica criminal o una fragmentación de los grupos delictivos que derivó en la pérdida de códigos no escritos sobre los llamados "lugares neutrales". Más allá de la estadística nacional, los hechos de alto impacto marcaron la percepción de inseguridad y dominaron la agenda pública durante los últimos doce meses.

Ataques en celebraciones civiles: la ruptura del tejido social

El estado de Guanajuato se mantuvo como uno de los principales focos de violencia del país. Entre enero y noviembre de 2025 acumuló 1,916 víctimas de homicidio doloso, la cifra más alta a nivel nacional en ese periodo, de acuerdo con el SESNSP. Más allá del volumen, la entidad mostró un patrón particularmente preocupante: la agresión directa contra población civil en contextos festivos.

El caso más grave ocurrió la madrugada del 26 de junio en Irapuato, durante las celebraciones de San Juan Bautista. Un comando armado abrió fuego indiscriminadamente contra una multitud que convivía en la vía pública, dejando al menos 11 personas fallecidas y alrededor de 20 heridas, según reportes de autoridades estatales y coberturas nacionales. Las víctimas incluían vecinos, familiares y asistentes sin antecedentes penales.

Aunque las investigaciones señalaron que el ataque pudo estar vinculado a disputas territoriales entre grupos criminales, la ejecución no discriminó objetivos, evidenciando la disposición de los agresores para utilizar el terror en espacios comunitarios como herramienta de control e intimidación.

El patrón se repitió hacia el cierre del año. El 15 de diciembre, en Valle de Santiago, un grupo armado ingresó a un domicilio particular donde se celebraba una reunión familiar, ejecutando a cinco personas e hiriendo a varias más. A diferencia del ataque en Irapuato, ocurrido en la calle, este hecho demostró la vulnerabilidad del ámbito privado y consolidó la percepción de que las disputas del crimen organizado han invadido todas las esferas de la vida cotidiana en la región.

Violencia en recintos religiosos: el fin de los santuarios

Históricamente, los recintos religiosos habían funcionado como espacios respetados incluso en contextos de alta criminalidad. Esa barrera simbólica se rompió el 28 de julio en San Miguel de Allende, Guanajuato. Durante una celebración religiosa, detonaciones de arma de fuego en el atrio de una iglesia provocaron pánico entre fieles y turistas.

Aunque inicialmente se pensó que se trataba de pirotecnia, las autoridades confirmaron posteriormente el uso de armas de fuego. El incidente no derivó en una masacre directa, pero la estampida y el caos dejaron un saldo de 17 personas lesionadas. La gravedad del hecho radicó en su ubicación: uno de los principales destinos turísticos del país y un espacio central de convivencia social y espiritual.

Vulnerabilidad de funcionarios: el asesinato público

La gobernabilidad municipal enfrentó uno de sus episodios más críticos el 1 de noviembre en Uruapan, Michoacán. Carlos Manzo, presidente municipal, fue asesinado alrededor de las 20:10 horas mientras participaba en el Festival de las Velas, uno de los eventos culturales más importantes de la región por la Noche de Muertos.

El ataque fue directo y ocurrió ante la mirada de cientos de ciudadanos y visitantes. Manzo contaba con un esquema de seguridad y se encontraba en un evento con presencia de fuerzas del orden. Aun así, los agresores lograron vulnerar el perímetro y ejecutar el ataque, evidenciando fallas en los protocolos de protección a autoridades locales en zonas de conflicto activo.

El asesinato no solo descabezó al gobierno municipal, sino que envió una señal contundente sobre la presión extrema bajo la que operan las administraciones locales en amplias regiones del país.

Uso de explosivos: la escalada táctica

El conflicto en la franja costera de Michoacán escaló a un nivel inédito con el uso de explosivos. La madrugada del 6 de diciembre, en Coahuayana, se registró la detonación de un vehículo con un artefacto explosivo improvisado frente a instalaciones de seguridad y comunitarias.

El saldo fue actualizado conforme avanzaron las investigaciones: reportes iniciales registraron al menos tres personas fallecidas y varios heridos; posteriormente, autoridades estatales confirmaron cinco personas muertas y cinco lesionadas, además de daños materiales significativos. Aunque el gobierno federal evitó clasificar el hecho como terrorismo, la naturaleza del ataque difiere de los enfrentamientos convencionales, ya que buscó generar terror psicológico e inhibir la presencia de fuerzas de seguridad.

Este evento se inscribe en un contexto regional donde se ha documentado el uso creciente de artefactos explosivos improvisados y dispositivos colocados en caminos y zonas rurales, lo que evidencia una evolución en las capacidades operativas de los grupos criminales en Michoacán.

Incursiones en la capital: la vulnerabilidad de la CDMX

La Ciudad de México, frecuentemente considerada una "burbuja" de relativa estabilidad por su densidad policial y sistema de videovigilancia, sufrió un golpe de alto perfil el 20 de mayo de 2025. Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios cercanos a la Jefatura de Gobierno, fueron asesinados en un ataque directo sobre Calzada de Tlalpan alrededor de las 07:00 horas, en pleno horario pico.

La logística del ataque —seguimiento de los objetivos, ejecución a plena luz del día y huida en una zona saturada de cámaras— evidenció una capacidad operativa sofisticada. Aunque se realizaron detenciones posteriores por asociación delictuosa, el hecho fracturó la percepción de invulnerabilidad de los altos mandos locales y confirmó que la violencia organizada también opera en el centro político del país.

Ataques en zonas residenciales: el fracaso del blindaje

El año cerró con un recordatorio de que el poder económico tampoco garantiza seguridad. El 29 de diciembre, en los límites de Guadalajara y Zapopan, se registró un ataque armado contra una camioneta Lamborghini Urus en una zona de alta plusvalía. En el evento murieron el comerciante Alberto Prieto Valencia, su hija y un escolta.

El ataque se perpetró con armas de alto poder en un entorno urbano denso, exponiendo a transeúntes al fuego cruzado y subrayando la impunidad con la que operan células criminales incluso en zonas con seguridad privada y presencia policial.

Desaparición forzada: la violencia que no siempre deja cuerpo

Más allá de los homicidios visibles, 2025 mantuvo vigente la crisis de las desapariciones. En marzo, el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, expuso una estructura criminal dedicada al reclutamiento forzado, la privación ilegal de la libertad y la desaparición de personas, de acuerdo con investigaciones judiciales y reportes de la Fiscalía estatal.

El caso cobró relevancia judicial con la sentencia de diez individuos vinculados a las operaciones del rancho, y confirmó la existencia de infraestructura criminal destinada a "borrar" personas sin generar registros inmediatos de homicidio.

Jalisco cerró el año encabezando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con más de 15 mil casos acumulados, lo que demuestra que la reducción en homicidios dolosos no implica una disminución proporcional de la violencia estructural.

Una reducción que no alcanza

2025 no fue el año más letal en términos estadísticos. Pero sí fue uno de los más inquietantes en términos de experiencia social. La reducción en homicidios dolosos convivió con una violencia más pública, simbólica y cotidiana: ataques en fiestas, incursiones en templos, asesinatos políticos, explosivos y desapariciones sistemáticas.

La paradoja es clara: los números bajaron, pero el miedo se expandió. Y mientras las gráficas muestran contención, la vida diaria dejó una pregunta abierta para 2026: ¿Cómo medir la seguridad cuando el país mejora en las tablas, pero empeora en la experiencia cotidiana?